portada pequena de agosto de 2014

Energía ciudadana invertida en energía eléctrica

 

Julia S. Mignucci Sánchez

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Ciudadanos y ciudadanas provenientes de organizaciones comunitarias y ambientalistas, uniones, entes profesionales y especialistas de las universidades han invertido esfuerzos a través de décadas preparando, documentando, alertando, señalando, pero también proponiendo alternativas sobre el manejo del sector eléctrico en Puerto Rico. Han educado sobre ello a las comunidades y han interactuado con los sectores legislativos del país. Desde los años 80, la ciudadanía ha participado en muchas instancias en asuntos enmarcados por controversias al cuestionar la ubicación y necesidad de los proyectos del sector eléctrico, su gigantismo y a quien favorecen, entre otros asuntos. Ante las propuestas de plantas generadoras de electricidad, la ciudadanía ha aprendido a solicitar que se provea el verdadero costo y beneficio para el país. En la mayoría de los casos, las propuestas no incluyen aquellos costos “invisibles” que pagan las personas por el impacto a su salud y a los recursos naturales esenciales para la vida. La gente también ha alertado sobre la necesidad y conveniencia de los proyectos y solicitado se explique si se justifica o no añadir esa infraestructura al sistema existente. Generalmente, el único costo que en forma general indican los entes proponentes, sean públicos o privados, ha sido la inversión para montar la obra.

Para atender la complejidad de los proyectos, la ciudadanía se ha allegado personas expertas en diversos campos de la ciencia, la ingeniería, la salud, la economía y otros, quienes han hecho un trabajo voluntario y gratuito para el erario público y para la ciudadanía, invirtiendo sus propios recursos. Esto ha ‘procreado’ un voluntariado sobre el tema de la energía, libre de ataduras. De esta manera, se han evaluado múltiples proyectos responsablemente.

Es interesante examinar las propuestas que han hecho organizaciones de ciudadanos y ciudadanas conscientes de Aguada, Cataño, Guayama, Mayagüez, Guayanilla, Peñuelas, Adjuntas y Salinas, entre otros pueblos, desde el 1980. Se descubrirá que lo que en el 2014 se está discutiendo, planteando, proponiendo y empujando sobre el sector eléctrico, ya estaba plasmado y propuesto. Les invito a que visiten aceer.uprm.edu, de la Alianza para la Educación en Energía Renovable, creada en el 2007, en donde encontrarán diversos documentos, incluyendo lo que propuso una coalición de organizaciones unidas bajo el Frente Unido Ambiental de PR , además de gestiones educativas, leyes, conferencias y exhibiciones, todas organizadas por la ciudadanía. La creación de ACEER motivó la creación de ACONER , una asociación de contratistas y personas consultoras en energía renovable (www.aconer.net), quienes también están haciendo sus aportaciones al sector eléctrico. Otra información se encuentra en: Fuentes energéticas, luchas comunitarias y medioambiente en Puerto Rico, del Dr. Edwin Irizarry Mora, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2012.

Durante los últimos dos años hemos visto otro tipo de participación ciudadana que incluye la elección de personas comprometidas con el país en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica con la capacidad de entender y fiscalizar, electas con apoyo significativo de la ciudadanía. Otras han estado laborando en Consejos Asesores del Gobernador. Más recientemente, los medios radiales y televisivos han traído la discusión sobre el tema de la energía eléctrica, llegando a un sector amplio de la ciudadanía. A todo esto le precedió la creación de entidades en diversas universidades y entidades del país que han estado, por la última década, participando en mesas de diálogo, juntando sectores que antes no se sentaban a laborar en conjunto y proponiendo mecanismos para fortalecer al sector eléctrico del país (por ejemplo, ITEAS , Instituto Tropical de Energía, Ambiente y Sociedad de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (iteas.uprm.edu). De igual manera, las universidades privadas, como la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad del Turabo, han abierto otros ámbitos de discusión amplia y abierta sobre la sustentabilidad y las tecnologías del sector eléctrico.

Es necesario señalar que la discusión pública durante el 2014 ha estado centrada prácticamente en transformar la Autoridad de Energía Eléctrica, sin insertar en su justa perspectiva que la generación eléctrica dejó de ser un monopolio hace tiempo cuando para los años 90 se añadieron dos entidades privadas, AES-Guayama, que quema carbón, y Ecoeléctrica, con gas, ambos combustibles fósiles e importados. A esto hay que añadirle la incorporación a la red eléctrica de la AEE de la energía producida por personas ciudadanas individuales y comercios, usando paneles fotovoltaicos instalados en los techos. Súmele también la generación que aportan los sistemas fotovoltaicos de grandes extensiones o con aerogeneradores ya instalados en Puerto Rico.

El conocimiento y la participación ciudadana han estado moldeados por el énfasis continuo y mediático de hablar solamente de la dependencia del petróleo y no incluir el de la dependencia que se ha creado de la importación de otros combustibles fósiles. El gas natural es el derrotero que ahora emerge como la panacea para reducir los costos de la factura. Desde hace décadas la ciudadanía ha estado alertando de no movernos de una alta dependencia a otra; esta advertencia todavía no ha calado y se sigue quitando espacio para movernos hacia una mayor generación distribuida, usando los combustibles gratuitos del sol, del agua y del viento. Para los años 90, las organizaciones ambientalistas propusieron el gas natural como combustible de transición a las tecnologías renovables. El énfasis en aumentar una generación con energía renovable ha sido la propuesta prevaleciente, pues reduce la vulnerabilidad energética altamente dependiente que ahora tenemos de recursos finitos y externos de cuyos costos y precios no tenemos control.

Al desconocer todos los elementos que definen lo que se paga en la factura, la discusión pública permanece en forma fragmentada. Además del ajuste por combustible, en la factura también aparece lo que nos cobra la AEE por la energía que le paga a las dos privadas (asunto que apenas se discute). Los costos de energía que está obligada a pagar la AEE por la compra de electricidad a esas generadoras tampoco reflejan el verdadero costo a la salud y al ambiente pagado directamente por todo el mundo. Por ejemplo, el quemar carbón, que es más contaminante que el petróleo, cuyas cenizas contaminan suelo y agua, es contribuyente significativo de gases de invernadero y del calentamiento global, además lastima la salud humana causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras. Por lo tanto, implica altos costos para el país.

En general, se desconoce que la AEE hace tiempo ha tenido capacidad instalada en exceso que no puede ser absorbida ni utilizada por la cantidad reducida de abonados que ahora tiene, principalmente del sector industrial y comercial. Esto desemboca en que la AEE mantiene unidades apagadas. Trabajar para el pueblo no se ha transformado en trabajar con el pueblo para asegurar el bienestar común. Por eso, la participación ciudadana en los temas del sector eléctrico de relevancia para Puerto Rico ha sido muy laboriosa al tener que enfrentar fuerzas creadas por su propia gente, además de las externas que empujan la quema de combustibles fósiles manteniéndonos cautivos y dependientes, cueste lo que cueste.

La Dra. Julia S. Mignucci Sánchez, bióloga, fitopatóloga y catedrática jubilada de la UPR-RUM labora como voluntaria con las comunidades y educa sobre la naturaleza, la agricultura y la energía.

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