portada pequena de agosto de 2014

¿Es viable la privatización de la industria energética en Puerto Rico?

foto de un celador de linea de AEE trabajando de noche

Gerardo Cosme Núñez, PE, CPI

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Este concepto varía en su forma y método. Tenemos como experiencia en nuestra isla diferentes ejemplos de privatización de organizaciones o de infraestructura gubernamental tales como las Navieras, la Telefónica, la Compañía de Aguas, el Puente Teodoro Moscoso, el Aeropuerto Luis Muñoz Marín y el Expreso 22. Además, tenemos muchos otros casos de sub privatización o privatización parcial como, por ejemplo, una concesión de cafetería en un parque público. Existe consenso general en que la AEE debe despolitizarse, el detalle divergente es si este proceso debe finalizar en un modelo de corporación pública o privada.

¿Es la AEE una corporación pública? La AEE es una corporación organizada por la Legislatura de PR por medio de leyes concedidas para su gobernanza, la cual es capitalizada por aportaciones (bonos) de bonistas privados a cambio de un rendimiento o retorno de la inversión que hacen a la Corporación. El retorno de la inversión de esta y cualquier corporación viene de las ganancias de los bienes y servicios que ofrece, que en este caso es electricidad. La garantía del retorno de la inversión para estos bonistas descansa en la característica monopolista de esta corporación (AEE), la cual ajusta sus gastos periódicamente a través de la cláusula de ajuste de combustible a favor de sus gastos operacionales esperados, ya que desde el 1989 no hay revisión tarifaria. Por otra parte, la AEE tiene un grupo directivo conocido como su Junta de Gobierno, la cual tiene la función fiduciaria de velar por los intereses de esta Corporación y auto regularse. Está compuesta por 9 miembros, de los cuales 6, incluyendo, por tradición, a su presidente, son personas nombradas por el gobernador/a. A su vez, el gobernador/a nombra al Director/a Ejecutivo/a, quien corre la operación de la misma.

¿Es la Autoridad una corporación pública? En mi opinión, a la AEE la defino como una corporación privada altamente politizada que, por su naturaleza monopolística, puede garantizar el retorno de la inversión a sus bonistas tomando decisiones, acciones y, peor aún, por órdenes políticas, que desafían el sentido común. Ejemplo de esto han sido algunas inversiones capitales fracasadas, tales como la planta nuclear de los años 70, gasoductos e inversiones menores de materiales y contrataciones a costos fuera del mercado. A esto se suman 63 proyectos de energía renovable a gran escala con contratos otorgados sin proceso alguno de solicitud de propuestas sopesadas en su validez técnica y económica. Consecuentemente, tenemos una ley muerta de trasbordo energético (wheeling) y altos costos operacionales comparados con otras jurisdicciones similares, sin contar el costo de combustible, tarifas residenciales más económicas que la de los sectores productivos (comercial e industrial), todo para motivar el favor electoral hacia personas en puestos políticos, además de subsidios a municipios, residenciales públicos, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y préstamos informales de deuda a agencias gubernamentales.

Todo esto afecta negativamente a las personas y entidades consumidoras y consecuentemente a todo Puerto Rico. Estas han recurrido privadamente a medidas de eficiencia energética e implantación de proyectos de energía renovables, mayormente solares.

Es necesario clarificar el término de proyectos de energía renovable. Existen dos vertientes principales que solo coinciden en el tipo de tecnología, mayormente solar o eólica, pero ambas realizadas como proyectos privados. Son los proyectos a gran escala y los proyectos de generación distribuida. Los proyectos renovables a gran escala son aquellos en que la energía generada es vendida a la AEE para ser revendida al público consumidor. Estos proyectos se van pagando a plazos a personas y entidades inversionistas privadas, las cuales en la inmensa mayoría están fuera de Puerto Rico, por lo cual mantenemos el éxodo del dinero fuera de nuestra isla, esta vez ya no en pago de combustible, sino en el pago amortizado de la deuda que nos cobra la AEE. Proyectos de generación distribuida de energía renovable, por otra parte, son los que se realizan en el lado del público consumidor (casas, comercios, industrias e instituciones), que tienen el propósito de reducir la dependencia del suministro centralizado de combustible fósil y los gastos asociados de transmisión y distribución de la AEE, por medio de generación propia en el lugar donde se usa, como es el caso del programa de medición neta. La inversión de estos proyectos es mayormente hecha por la persona propietario o financiada localmente.

Tanto los proyectos a gran escala como los proyectos de generación distribuida compiten en la aportación de generación al sistema eléctrico de la AEE. Por tal razón, la AEE ha reservado 600 MW para los proyectos de gran escala y 200 MW a los proyectos de generación distribuida. Debido al ritmo del crecimiento de estos últimos (generación distribuida), puede ser que o la AEE detenga su instalación pronto o que reduzca la porción de los proyectos a gran escala para pasarla a los de generación distribuida.

Para que la AEE sea una corporación exitosa, debe ser capaz de generar sus propios ingresos por la venta de su producto. Actualmente esto no ocurre. Aparte de sus ingresos menguados, utilizan la aportación de los bonistas como préstamo para cubrir gastos operacionales. Como todo negocio, si los gastos aumentan (costo del combustible, operación, más intereses de la deuda) y los ingresos bajan (decaída del consumo energético a los niveles de principios del siglo XX1) el mismo está destinado a la quiebra. ¿Cual ha sido la solución al momento? Aumentar el costo del servicio eléctrico. ¿Cuál es la consecuencia? Puerto Rico subsidia la inversión privada a cambio de su empobrecimiento.

La solución saludable para la AEE y Puerto Rico es despolitizar la AEE, relocalizando el riesgo y responsabilidad de su operación en quienes la operan y no en el pueblo puertorriqueño en general. Es necesario que la AEE genere ingresos con ganancias y sin cargas de subsidios, para que pueda presupuestar mejoras y operación estable, además de poder afrontar pérdidas, multas y demandas por su acción o inacción. De otra forma, toda pérdida, multa o demanda la paga el pueblo. El gobierno puede, entonces, otorgar subsidios directamente para subsanar sectores de la población desventajada y el pueblo pasar juicio directo sobre la validez o no de esos subsidios a través del voto.

La AEE puede ser segmentada en concesiones privadas totalmente en la generación, y la transmisión puede ser mantenida de forma privada con supervisión gubernamental en la operación y en el despacho económico de generación. La distribución puede ser segmentada por regiones en concesiones privadas. Finalmente, planificación y servicio al cliente se puede desarrollar como una alianza publico privada.

Conclusión, es viable la privatización de la industria eléctrica en Puerto Rico, debido a que, hasta el presente, son la inversión privada (bonistas) y la clientela (casa, comercios, industria, etc.) las que promovieron el progreso de Puerto Rico en los años de su crecimiento. Las generadoras no administradas por personas en función política, también privadas, AES y Ecoeléctrica, han demostrado un desempeño competitivo en términos de costos, eficiencia y beneficios ambientales. Finalmente, si usted, alguien en su vecindario, amistad o familiar ya cuenta con un sistema fotovoltaico en el techo de su casa, comercio, o institución, con o sin fines de lucro, eso también, mis amigos y amigas, es privatización.

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