El asunto energético permeó la agenda de Puerto Rico cuando el Senado, la Cámara de Representantes y la Fortaleza redactaron, evaluaron, negociaron y aprobaron legislación para transformar el sistema eléctrico del país con el objetivo principal de disminuir el costo de la electricidad. Por eso el proyecto se titulaba “Ley de Alivio Energético”. Sin embargo, la legislación también presenta otros objetivos que, aunque suenan hermosos y loables, pueden presentar contradicciones y conflictos a la hora de diseñar e implementar cursos de acción: adoptar fuentes de energía más limpias que el petróleo e insertar la participación ciudadana en la toma de decisiones energéticas. ¿Por qué pueden ser contradictorios? Si la preocupación principal es el precio del kilovatio/hora, el remedio más lógico sería la generación con fuentes más baratas que el petróleo, incluyendo carbón o petróleo con mayor contenido de azufre. Estas fuentes NO son más limpias que las utilizadas actualmente y por ende coloca algunas de las consecuencias más negativas de la generación en las comunidades cercanas a las plantas generatrices, por ejemplo, la contaminación ambiental y los problemas respiratorios, culturales y económicos que trae consigo. Esto,a su vez, tiende a cerrar los espacios de participación ciudadana para opacar, marginar y hasta ignorar las voces de los/as más perjudicados/as a nombre del beneficio para “todo el pueblo de Puerto Rico”.

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No existe tal cosa como UN “problema energético de Puerto Rico”. Nos damos cuenta de que, de la misma forma que existen múltiples actores, existen también múltiples definiciones del “problema”. Por ejemplo, de acuerdo con la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio y sus representantes gubernamentales (Senado, Cámara de Representantes, etc.), el problema es que el costo de la electricidad es demasiado alto por varias razones. El énfasis en una o la otra varía de acuerdo a los intereses de quienes las impulsan. El alto precio puede ser atribuido a la volatilidad de los mercados internaciones en la compra de combustible (según la Autoridad de Energía Eléctrica), o a las ineficiencias supuestamente a consecuencia del monopolio del Estado sobre la generación, transmisión y distribución de la electricidad (según el Honorable Senador Eduardo Bathia y el Centro para la Nueva Economía). De acuerdo a otros actores como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el problema radica en las injusticias en las relaciones obreropatronales y la falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la corporación pública. Según el representante popular Luis «Narmito» Ortiz Lugo y grupos ambientalistas como Comunidades Unidas en Contra de la Contaminación (CUCCO), el problema es la generación con fuentes contaminantes y el efecto negativo de la contaminación en las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de las plantas generatrices (Proyecto de la Cámara 1839 del Representante Luis ”Narmito” Ortiz Lugo). Otros grupos ambientalistas, como el Sierra Club, plantean que el problema real es nuestra contribución al cambio climático a través de nuestra generación y consumo excesivo de energía. Mientras, otros como la Alianza Ciudadana Para la Educación en Energía Renovable (ACEER) enfatizan el alto consumo energético entre la población puertorriqueña.

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Lógicamente, dependiendo de la definición del problema, surge una “solución”. Para el alto costo de la electricidad, la solución es generar con fuentes más baratas el gas natural o el carbón. Para las injusticias en la relación obreropatronal entre la AEE y la UTIER, la solución está en negociar mayor participación a la unión en la toma de decisiones de la corporación. Para el alto precio del combustible por las fluctuaciones en el mercado mundial, la solución está en producir con fuentes internas, como el sol, el viento y las olas. Para la generación con fuentes contaminantes, la solución está en producir con fuentes más limpias como el gas natural y las renovables. Si no, hay que compensar a las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de las plantas generatrices por absorber las externalidades negativas de la generación actual (proyecto de la Cámara 1839). Para desarticular el monopolio del Estado sobre la generación, transmisión y distribución de la electricidad, la solución está en el llamado “decoupling” y la privatización. Para disminuir nuestra contribución al cambio climático, la solución sería promover la generación con fuentes libres de emisiones de gases de invernadero. Por último, para disminuir el alto consumo de electricidad per cápita, habría que promover cambios, no solamente en el comportamiento de los/as consumidores/as y la utilización de tecnología más eficiente, sino también alterar los factores culturales que aumentan el consumo como, por ejemplo, la percepción de seguridad que trae la iluminación de espacios públicos durante la noche o el espíritu navideño asociado con decoración con luminarias coloridas.

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A toda esta complejidad se le suman las preguntas más difíciles: ¿cuál de estas definiciones es la correcta?, ¿como sabemos que lo es?, ¿es socialmente aceptable y/o justa la solución al problema según esta definición?, ¿son confiables y relevantes los datos empíricos disponibles a través de la ciencia? En última instancia, ¿realmente nos ayudan a tomar la decisión? Por si todavía no estamos lo suficientemente confundidos/as, notemos que de las primeras cuatro preguntas, solo una, la última, es “científica” en naturaleza. Las otras requieren juicios de valor que surgen del proceso deliberativo que caracteriza una sociedad democrática.

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Estas preguntas precisamente hacen del asunto energético un “problema perverso”. Los problemas perversos se diferencian de los “problemas dóciles” en lo siguiente: a) existe una alta incertidumbre o falta de consenso sobre los datos empíricos utilizados para su análisis, b) existe una multiplicidad de valores en disputa a la hora de utilizarlos, c) los actores interesados tienen mucho invertido en su resolución (ya sea inversión económica, de credibilidad, poder político) y d) existe un sentido de urgencia en llegar a una resolución del problema. En este sentido, la electrificación de Puerto Rico durante los años 40 fue un problema dócil por varias razones. Primero, teníamos una sociedad homogénea en su interés de tener electricidad, por lo que gran cantidad de los sectores de la sociedad puertorriqueña (el industrial, agrícola, gubernamental y de servicio, incluyendo los emergentes urbanos) estaban de acuerdo en que la electrificación de manera confiable y robusta de la isla era un proyecto necesario. También se hacía necesaria para la transformación que prometía el desarrollo social a través de la industrialización y el crecimiento económico que solo la electrificación total de Puerto Rico podía traer. Segundo, el dominio del “experto” (ingenieros y economistas en su gran mayoría) era total. Por eso, las decisiones asociadas a montar el sistema eléctrico en ese momento eran únicamente técnicoeconómicas.

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Sin embargo, en el 2014, el “problema energético de Puerto Rico” se caracteriza por una sociedad sumamente dividida en sectores organizados políticamente, con una visión distinta de lo que debería ser el sistema eléctrico de Puerto Rico según sus intereses y necesidades. Incluso a algunos sectores les va la vida en la decisión. Es más, las mismas decisiones sobre el desarrollo de esa red y su operacionalización, de por sí, crean intereses. Por ejemplo, intereses petroleros, de negocios de servicios a la red, de una clase media emergente, de profesionales creados para dar servicio a la red y los intereses burocráticos de la agencia misma creada para administrarla.

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¿Qué implicaciones tiene este análisis en la resolución del problema perverso de la energía en Puerto Rico? Al analizar la energía como un problema “perverso”, podemos llegar a entender más claramente que NO hay tal cosa como un solo “problema energético”. Existen múltiples definiciones impulsadas por diferentes actores en el proceso de política pública de acuerdo a su visión de mundo e intereses. Para que la solución al problema les beneficie (o por lo menos no les afecte negativamente), cada uno de ellos necesita dominar el discurso público para que el curso de acción al fin y al cabo seleccionado como “correcto” a través de nuestros procesos democráticos de toma de decisiones esté lógicamente alineado con su visión de mundo e intereses. Ese control del discurso se lucha en diferentes frentes: la prensa, la radio, la televisión, el internet, la legislatura y la academia, entre otros. O sea, quienes tienen mayor capacidad para garantizar exposición en los medios de comunicación, la casa de las leyes, las universidades, etc., van a ser más exitosos en su intento de convertir su discurso en hegemónico. A eso se le suma que los procesos de toma de decisiones en nuestra democracia representativa tienden a opacar, acallar y marginar las voces disidentes que no aparentan estar alineadas con los valores culturales de progreso, crecimiento económico y competencia en los mercados. Por lo tanto, cuando escuchamos (y repetimos) que el problema energético de Puerto Rico es el costo de la electricidad, debemos preguntarnos quién se beneficia y cómo de que definamos el problema de esa manera, qué estrategias ha perseguido para hacer hegemónico su discurso, cuáles son las voces disidentes aparentemente silentes en el proceso de toma de decisiones y cuál de todas las posibles definiciones y soluciones desarrolladas es más compatible con el bien común.